Las declaraciones de impacto medioambiental (DIA) tienen una gran importancia. Sin ellas, no podemos desarrollar un proyecto de energía renovable según dicta la ley. Por tanto, cada vez que se hace alguna modificación, debemos atender a los nuevos requisitos para continuar con lo planificado.

¿Qué planes tiene el Gobierno?

Hace unas semanas, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, realizó unas declaraciones importantes. Comentaba que se estaba valorando ampliar los plazos para los hitos fijados para el desarrollo de proyectos renovables. Cumplirlos no es una opción y conlleva una inversión tanto de tiempo como dinero para finalizarlos.

En el ministerio se barajaba aumentar los plazos para el desarrollo de estos proyectos renovables que expiraban el próximo 25 de julio. Esta era la fecha límite para conseguir las licencias definitivas, una decisión basada en los acontecimientos. El año 2022 fue especialmente duro para el sector de la energía dadas las variaciones en los precios y otros problemas. También se dieron dificultades en la cadena de suministro y surgió la necesidad de volver a someter a información pública los proyectos.

Por tanto, las empresas que han apostado por el desarrollo de los proyectos se enfrentan a diferentes problemas sobrevenidos. Sin embargo, el ministerio no ha mantenido oídos sordos, sino que ha prestado atención a las propuestas que le llegaban desde el sector. La ministra tenía el objetivo de dar estabilidad y tranquilidad a las empresas, evaluando la propuesta. No obstante, dado que cumplir todos los hitos de manera acelerada es problemático, se mostró comprensible ante la situación.

Por ello, hace unos días, el Gobierno anunció que ampliaba en 6 meses el plazo para obtener la autorización de construcción de proyectos renovables. En cualquier caso, todos los proyectos tienen cinco años desde que iniciaron la tramitación para terminarlos y así cumplir con la Agenda 2030

¿Qué es lo que está en juego?

El sector de las renovables lleva varios meses tratando de sacar adelante las gestiones con el ministerio. Su objetivo es el de garantizar que se puedan instalar alrededor de 50.000 megavatios de energía verde. Debemos tener en cuenta que esto supondría un incremento del doble de la potencia actual. De no haber prosperado las negociaciones, se habrían ralentizado o directamente no se hubieran llevado a cabo las nuevas construcciones.

Esto hubiera supuesto que no se instalaran 17.900 megavatios de energía fotovoltaica y 30.000 de eólica. Se trata de un avance importante para la transformación que se está buscando. Por suerte, la ministra se ha mostrado a favor, y el adelanto electoral, que podría haberse convertido en un grave problema, no ha afectado.

Era esencial que se aprobara el real decreto ley en el que se recoge la prórroga antes del 23 de julio. De lo contrario, no hubiera sido posible otorgar más tiempo para la concesión de las licencias de obra. Otra situación crítica más en la que se ha encontrado el sector este año.

¿Qué retos afrontan las empresas?

Las empresas se están enfrentando a numerosos retos para sacar adelante sus proyectos. El principal problema radica en los hitos que deben superar y los tiempos adjudicados. Cualquier parón o cambio que se produzca puede provocar que no se consiga la licencia para empezar a construir. Sin duda, se trata de una situación difícil que tenemos que conocer en profundidad.

El hito de enero

Se produjo una situación similar a la actual durante enero. Poco antes del día 25, el Gobierno del país y la mayoría de las empresas del sector debían terminar de tramitar un millar de proyectos. Los especialistas se mantenían dubitativos, ya que había que gestionar y firmar todas las DIA. Se trataba del paso previo a la construcción y por poco no se llega a superar.

Tras varias semanas de trabajo tanto en el ministerio como en las comunidades, se dio el visto bueno al 80% de las DIA. Todo el proceso se llevó a cabo en varias semanas, pero no estuvo exento de consecuencias negativas. De los 80.000 MW que se estimaban en un primer momento, solo se mantuvieron en torno a los 60.000. Los que faltaban se perdieron debido a abandonos de proyectos. Además, en muchos casos, se pusieron condiciones para solucionar en el futuro.

Así que el éxito de la transición energética en España estuvo a punto de fracasar. Sin embargo, en el último momento se logró salvar una situación que parecía perdida. Pero aún no debemos cantar victoria, puesto que existen varios hitos que se deben superar.

Los hitos que quedan por superar

Uno de ellos se ha comentado y está dando problemas ahora mismo. No obstante, ahondando un poco más, las empresas del sector advertían de dos inconvenientes. El primero es la falta de capacidad para otorgar licencias en el tiempo que quedaba. Todas deberían estar entregadas a finales junio de 2023, la principal razón por la que se pidió una prórroga, que ha terminado por concederse.

El segundo inconveniente tiene que ver con la construcción. Para el año 2025, los proyectos deben tener la autorización de explotación. Esto implica que es indispensable que estén terminados para poder empezar a funcionar. Una vez más, el sector cree que los tiempos son demasiado ajustados para poder cumplir con los hitos establecidos.

Asimismo, no debemos olvidar que una buena cantidad de los proyectos tendrán que hacer modificaciones. Tres de cada cuatro expedientes DIA necesitarán efectuarlas por diversas razones. En unos casos se pide reducir la superficie de ocupación y en otros el volumen de equipos. Tras haber realizado los cambios solicitados, vuelve a empezar el ciclo de comprobaciones para conseguir la licencia de construcción.

También hay que tener en cuenta que el Gobierno rebajó las obligaciones medioambientales el año pasado. En un primer momento, se eximió de la obligación de tener una evaluación de impacto medioambiental. Esto afectaba a los proyectos de menor tamaño, pero terminó por extenderse a todos los demás. La única excepción es si el proyecto está cerca del mar o una zona protegida.

Pese a que existen problemas en las declaraciones de impacto medioambiental (DIA), tan solo se trata de una cuestión de tiempos. Dada la importancia de llevar a cabo los proyectos, era inamovible conceder las prórrogas solicitadas por el sector.