Hay una frase generalmente aceptada que se ajusta a lo que venimos viviendo en el sector eléctrico en los últimos meses: “los problemas complejos requieren soluciones complejas”. El mercado de electricidad, formado por numerosas transacciones de energía de muy largo plazo, de medio y corto plazo, del día siguiente, de unas pocas horas antes del tiempo real, de la hora antes y de tiempo real, es un sistema de interacciones complejas y con muchas variables que influyen de manera diferente en todos los participantes, consumidores, comercializadores y generadores, dentro de los cuales hay también diversidad y complejidad. No podemos variar una parte sin afectar al resultado del resto, tan importante como la parte que queremos reformar.

Por ello, la regulación en el mercado de electricidad, como supongo que sucederá en otros sectores, debe contar con personas que tengan experiencia en todos los ámbitos que puedan verse afectados por los cambios previstos y que puedan evaluar los efectos y realizar propuestas realistas. Entiendo que el regulador no quiera preguntar a terceros y verse enterrado en miles de opiniones y datos de empresas, asociaciones y lobbies potencialmente afectados, en las que cada uno defenderá lo suyo, como es de esperar. Es necesario que el responsable de la regulación se intente aislar de todas esas presiones, pero es imprescindible, en mi opinión, que se rodee de verdaderos expertos de todas las áreas que sean capaces de evaluar las propuestas. Por expertos no quiero decir consultores o profesores de universidad sin experiencia en empresas del sector energético, por gran conocimiento teórico que tengan, sino personas que hayan trabajado en compañías involucradas en la generación, en la distribución, la comercialización, etc. Tanto esta administración como la anterior han hecho lo primero, pero no lo segundo, regulando desde sus despachos, con asesores muy formados y bien intencionados, pero con escasa experiencia real en el sector, o eso me ha parecido por el resultado.

El caso de la implantación del mecanismo del tope del precio de gas en el mercado del día siguiente en electricidad es un ejemplo de lo anterior, aunque no el único, más allá de la consideración del acierto o error del cambio. La propuesta inicial de establecer dos casaciones en el mercado diario, el reparto del coste entre todos los compradores indiscriminadamente o la asignación de la mayor parte del coste a las compras en el mercado y no a las medidas de consumo, se ha tenido que revisar y dar marcha atrás por los efectos secundarios que podrían haber generado en contratos a plazo de energía, la viabilidad de las cámaras de liquidación de los derivados de cobertura, los contratos de suministro con precio fijo con consumidores y las posibles distorsiones y arbitrajes en el mercado.

Es comprensible que las administraciones quieran tomar medidas extraordinarias ante situaciones extremas, como sucede actualmente con la guerra de Ucrania y sus efectos, cuyo máximo vivimos, por ahora, el pasado mes de marzo. Pero estas medidas no solo tienen un efecto de corto plazo sobre las obligaciones y derechos de las empresas, contraídos antes del cambio regulatorio bajo otras circunstancias, sino que tendrá consecuencias en el futuro que el regulador debe analizar e intentar anticipar y, en su caso, mitigar:

• El cambio radical en la formación del precio en el mercado diario de electricidad, intervenir el precio de hecho, aumenta el riesgo regulatorio en el sector eléctrico y es esperable que los inversores pidan mayor rentabilidad a sus inversiones futuras, encareciendo los proyectos de generación renovable, almacenamiento, producción de hidrógeno, etc.
• El riesgo regulatorio más la menor incertidumbre en la evolución del precio mayorista de la electricidad en los próximos 11 meses hará que haya menos liquidez e interés en el mercado a plazo de electricidad, dificultando las coberturas de precio para los comercializadores que no tengan generación propia, lo que a su vez dañará la competencia en el sector.
• La menor liquidez del mercado a aplazo dificultará también las coberturas de precio que las renovables con “prima” (RECORE) deben realizar cada año para mitigar el riesgo de corrección de su retribución por la evolución del propio precio de mercado a plazo.

Para concluir, quiero reiterar el mensaje de que es necesario que la administración se asesore con verdaderos expertos en los sectores que regule, para valorar cualquier cambio que quiera impulsar. En mi opinión, en el sector que nos ocupa, la CNMC debería contratar a personas con amplia experiencia en empresas del sector, de todas las actividades, que se hayan batido el cobre con los consumidores, con los distribuidores, con el operador del sistema, con los suministradores, con traders de energía, con los financiadores, con las comunidades autónomas y la administración central, etc., en definitiva, que conozcan bien el sector.

Hay mucha gente que se está jubilando, anticipadamente o no, y que cuentan con un conocimiento y experiencia de un altísimo valor para dar soluciones complejas a problemas complejos.